A partir del artículo publicado por el Diario Tiempo Argentino, Lorena Suárez reflexiona sobre los modelos políticos de América
Latina y Europa y como encaran el acceso a los servicios públicos.
Por Lorena Suárez
Desde hace algunos años, especialmente a
partir de la última crisis económica mundial, iniciada en EEUU en 2008 y
extendida a Europa, desde las grandes potencias se viene utilizando el concepto
“pobreza energética”, un término sobre el que vale la pena reflexionar en
contraposición al proceso de desarrollo con inclusión que experimenta Latinoamérica
y desde la comunicación, en tanto los términos que utilizamos expresan
cosmovisiones del mundo, de sus conflictos y de sus posibles abordajes.
“Pobreza energética” es un término muy
utilizado recientemente en Europa,
especialmente por las posiciones opositoras a las políticas de derecha,
neoliberales, que gobiernan actualmente esa región. Remite, en primer lugar, a una
de las consecuencias de las elevadas tasas de desempleo. Las familias que se
quedan sin ingresos no pueden afrontar los gastos de servicios considerados
básicos para la vida, como el agua potable y la calefacción de los hogares. Sin
ningún derecho que los ampare, simplemente las empresas proveedoras del
servicio, les cortan el suministro por falta de pago. Esto es especialmente
problemático en zonas con muy bajas temperaturas. Según la Organización Mundial
de la Salud, el 30% de los fallecimientos de Europa se dan en los meses más
fríos.
Gran parte de las discusiones ambientales
en esos países giran en la actualidad en torno a estos problemas, consecuencia
de la crisis económica y social que atraviesan y a la cantidad de familias que,
tras el retroceso del Estado de Bienestar, se ven vulnerados en derechos hasta
ahora considerados básicos.
España es quizá uno de los países donde
más se evidencia esta situación. Según datos de un estudio, recientemente
difundido por Cáritas, ha acumulado cuatro millones de parados desde que
comenzó la crisis, lo que la sitúa en el tercer país de Europa en aumentar su tasa de desempleo (lo superan Letonia y Grecia). Además, respecto a las
desigualdades sociales, que también influyen en la pobreza energética, Cáritas
asevera que 1,5 millones de hogares padecen exclusión social severa.
En ese contexto, una de las cuestiones
que más convoca en la actualidad a los ambientalistas y los referentes de
izquierda, es la cantidad de litros de agua por día que el Estado debe
garantizar a cada ciudadano, entendido como un Derecho Humano. Impulsan que sea
incluido en la próxima reforma a la Constitución española, una forma de poner
freno legal a la vulneración de derechos.
Desde Latinoamérica esas discusiones no
son tan recientes. Además de la imposibilidad de pagar los gastos energéticos, se estima que unos 30 millones de habitantes,
el 5% de la población, directamente no tiene acceso a la corriente eléctrica. Otro tanto sucede con el agua potable y la red de gas.
Los gobiernos de arraigo popular han
tomado nota de esta situación y como parte de las políticas de desarrollo e
inclusión social implementada en varios países de la región, se viene avanzando
en el acceso a los servicios básicos, especialmente el acceso a agua potable.
En Argentina, bajo el slogan “Siempre
presente”, la empresa estatal de agua potable y saneamiento cloacal, Aysa, viene
ejecutando programas como “Agua más trabajo”, junto al Ministerio de Desarrollo
Social, con el fin de incluir a las familias a la red de agua potable, pero
apostando fuertemente e la inclusión social, una doble inclusión que apunta a
mejorar la calidad de vida de las personas desde el acceso al trabajo y al agua
potable.
Según una nota publicada hoy en elSuplemento “Trabajo y Economía”, del diario Tiempo Argentino, “en los últimos
años 5.685.696 de argentinos accedieron por primera vez al agua potable por
red, y 4.461.713 a la disposición de cloacas. Las inversiones del Estado
Nacional sumaron, entre obras terminadas y en ejecución, $ 33.094.729.706. Los
datos indican que la tasa de crecimiento en cobertura tanto de agua como de
cloacas, por primera vez en las 5 últimas décadas, fue mayor que la tasa de
crecimiento vegetativo de la población. Una vez más se confirma que la acción
del Estado, en todos sus niveles (Nacional, Provincial y Municipal), es
imprescindible para que el crecimiento económico se traduzca en desarrollo para
los ciudadanos”.
Si bien en América Latina la pobreza
energética ha sido reconocida como un problema y en la Cumbre de las Américas
celebrada en 2012, se estableció un acuerdo para eliminarla en los 10 años siguientes, en
vistas al 2022, la pobreza energética está dada como una consecuencia de la
pobreza estructural: vivienda, salud, educación, trabajo.
Las cuestiones de acceso a los servicios
considerados básicos han sido incorporadas en las agendas de los países, desde
una mirada social, los programas han sido lanzados asociados a palabras tales
como: dignidad, trabajo, ampliación de derecho, accesos.
En ocasión de la inauguración de una planta de tratamiento cloaca, la presidenta argentina hizo hincapié en la mirada social y explicó que “es el rol insustituible e
indelegable del Estado en materias tales como la salud pública, donde el agua
potable, el agua corriente y las cloacas son también tan importantes como los
remedios, como los médicos. Qué puede hacer un médico cuando le viene un pibe
de una casa donde no hay agua, donde no hay cloaca. No hay remedio que pueda
suplir esa agua corriente y esos desagües cloacales”.
Dos miradas, la misma pobreza…
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